El Congreso de la Unión de México aprobó recientemente una reforma judicial que ha despertado diversas preocupaciones en los sectores empresariales, inversores y emprendedores. Si bien la reforma supuestamente busca mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial, existen numerosos puntos que podrían generar incertidumbre para quienes participan en el ecosistema empresarial.
Este artículo realiza un análisis crítico de cómo esta reforma judicial podría afectar las inversiones y el emprendimiento en México, advirtiendo sobre las posibles implicaciones legales, fiscales y operativas que enfrentará el país y su relación con tratados internacionales como el T-MEC.
1. Contexto de la reforma judicial
Se ha dicho por el bloque oficialista en el Congreso de la Unión que la reforma judicial aprobada busca enfrentar uno de los problemas más persistentes en el sistema legal mexicano: la falta de eficacia y transparencia en el Poder Judicial. Para ello, han introducido cambios significativos en la estructura y en el funcionamiento de las instituciones judiciales en México.
La reforma judicial aprobada recientemente en la Cámara de Senadores, fue presentada como una medida para fortalecer el sistema de justicia, aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Sin embargo, ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo organismos empresariales y analistas, debido a los riesgos que presenta para la estabilidad del Estado de derecho. Los puntos clave de preocupación incluyen la posible politización de la elección de jueces y la falta de independencia judicial, elementos que pueden erosionar la confianza de los inversionistas.
No obstante, la rapidez con la que se aprobó la reforma, sumada a la falta de consulta pública exhaustiva, ha generado incertidumbre en diversos sectores, especialmente en el ámbito empresarial y de emprendimiento. Las empresas y emprendedores dependen en gran medida de un sistema judicial predecible, eficiente y confiable para resolver disputas comerciales, proteger derechos de propiedad y garantizar la seguridad jurídica necesaria para operar.
Inestabilidad jurídica: Un riesgo para las inversiones
Uno de los principales impactos negativos de la reforma judicial es la incertidumbre que genera en el ámbito legal. La independencia judicial es un pilar fundamental para garantizar la confianza de los inversionistas, ya que permite la resolución imparcial y expedita de conflictos. La reforma podría debilitar aún más este aspecto, afectando tanto la inversión extranjera directa (IED) como la confianza de los emprendedores locales.
El sector privado ha expresado su preocupación sobre cómo esta reforma podría aumentar la cautela entre los inversionistas. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han señalado que las modificaciones al sistema judicial generan incertidumbre en el entorno de negocios, lo que afecta negativamente el clima de inversión y el crecimiento económico(El Universal)(Animal Politico).
La relación entre la reforma y la inversión se observa claramente en los datos recientes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la nueva inversión extranjera directa ha mostrado una ralentización significativa. En 2024, solo el 2.6% de la inversión extranjera fue nueva, en contraste con años anteriores en los que la IED crecía a un ritmo más acelerado(Expansión). Esta desaceleración se debe, en parte, a la falta de claridad sobre cómo se implementarán las nuevas disposiciones judiciales y a la posibilidad de una mayor intervención estatal en áreas estratégicas.
2. Impacto en las inversiones
La inversión, tanto nacional como extranjera, está estrechamente vinculada con la certidumbre legal que un país ofrece. De acuerdo con datos del Banco Mundial, uno de los principales factores que los inversionistas consideran al momento de elegir un destino es la existencia de un sistema judicial fuerte, imparcial y predecible. Si bien la reforma promete mejorar la calidad del Poder Judicial en el largo plazo, a corto plazo genera inquietudes.
El primer problema que se advierte es la transición hacia los nuevos mecanismos de resolución de conflictos. La digitalización de los procesos judiciales podría generar retrasos en los litigios en curso, especialmente en áreas críticas como los derechos de propiedad intelectual, los contratos mercantiles y los litigios fiscales. Los inversionistas podrían enfrentar obstáculos adicionales al tratar de hacer cumplir los contratos, un elemento esencial para la seguridad jurídica en el sector empresarial.
Además, el nuevo mecanismo de evaluación de jueces podría, en el corto plazo, aumentar la rotación de personal judicial. Si bien es una medida que apunta a mejorar el sistema en términos de transparencia y eficiencia, podría generar una sobrecarga en los tribunales debido a la salida de jueces que no cumplan con los criterios establecidos. La falta de experiencia en algunos jueces nuevos podría traducirse en decisiones erráticas o inconsistentes, lo que crea más incertidumbre para las empresas e inversionistas que dependen de una resolución rápida y justa de sus conflictos.
En el largo plazo, la estabilidad de las inversiones en México podría verse afectada si no se logra un equilibrio adecuado entre los objetivos de la reforma y la capacidad operativa del Poder Judicial. Un inversionista extranjero, al no observar que cuenta con un sistema judicial fiable que garantice la resolución eficiente de disputas, podría optar por retirar o redirigir sus capitales hacia otros países con mayor certidumbre jurídica, afectando negativamente el flujo de capital en México y los empleos que se generan con esa inversión.
Relación con el T-MEC y posibles conflictos internacionales
Otro aspecto crucial de esta reforma es su impacto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Al debilitar la independencia del Poder Judicial, México corre el riesgo de ser percibido como una economía de no mercado, lo que podría generar tensiones con sus socios comerciales. La reforma podría violar capítulos clave del T-MEC, como el capítulo 14, que garantiza un trato equitativo a las inversiones; el capítulo 23, que aborda temas laborales; y el capítulo 27, relacionado con la lucha contra la corrupción(Expansión).
La intervención gubernamental en áreas consideradas estratégicas también puede interpretarse como un signo de estatismo excesivo, lo que pone en duda el compromiso de México con los principios de mercado establecidos en el T-MEC y otros acuerdos comerciales internacionales. Esto podría generar disputas comerciales y, en el peor de los casos, la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos o Canadá.
Afectaciones al crecimiento económico
La reforma judicial también afecta directamente el crecimiento económico al retrasar la resolución de disputas legales en materia laboral y mercantil. Según el Banco de México, reducir los tiempos de resolución de juicios mercantiles en 100 días puede generar un crecimiento del 0.6% en la economía de las entidades federativas (Expansión). Con la reforma, es probable que estos tiempos se extiendan, afectando negativamente la dinámica económica y reduciendo el atractivo de México como un destino competitivo para las inversiones.
El clima de incertidumbre política que acompaña a la reforma ha sido señalado como uno de los principales factores que limitan las inversiones. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la inestabilidad política derivada de la reforma judicial y el próximo cambio de administración han deteriorado rápidamente la confianza empresarial(Expansión).
3. Emprendimiento: ¿un escenario de mayor riesgo?
El emprendimiento, un pilar fundamental del crecimiento económico en México, también está en riesgo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 75% de los emprendedores en México fracasan antes de cumplir dos años de operaciones, y uno de los principales factores que contribuyen a estos cierres es la falta de protección legal y la incertidumbre ante los mecanismos judiciales.
La reforma judicial introduce nuevas formas de resolución alternativa de conflictos, como el fortalecimiento del arbitraje y la mediación. Si bien esto puede ser positivo en principio, los emprendedores podrían enfrentarse a dificultades prácticas para adaptarse a estos nuevos procedimientos. La falta de conocimiento y recursos para enfrentar mecanismos alternativos, como el arbitraje, podría llevar a que los emprendedores se vean en desventaja frente a empresas más grandes y con mayores recursos legales.
Además, el costo de los litigios, que ya es elevado para muchos emprendedores, podría aumentar debido a la implementación de sistemas digitales y la especialización de las salas. Si bien la digitalización promete acelerar los procesos, la realidad es que muchos pequeños emprendedores carecen de la infraestructura tecnológica y los conocimientos para participar plenamente en este nuevo entorno. Esto podría crear una barrera adicional para que los emprendedores defiendan sus derechos o resuelvan disputas contractuales, laborales o de propiedad intelectual.
Por otro lado, la reforma podría influir en el entorno regulatorio de ciertos sectores clave para los emprendedores. Por ejemplo, aquellos que se dedican a industrias emergentes, como las fintech o el comercio digital, dependen de un marco regulatorio claro y estable para operar. La creación de nuevas salas especializadas en estos temas podría generar incertidumbre regulatoria durante el periodo de transición, afectando la capacidad de los emprendedores para navegar en este entorno legal cambiante.
4. Riesgos fiscales y operativos para las empresas
La reforma judicial también tiene un impacto directo en las relaciones fiscales de las empresas con el Estado. Las empresas mexicanas y extranjeras dependen de una correcta aplicación de las normas fiscales y de la posibilidad de recurrir a los tribunales para impugnar decisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o resolver disputas fiscales. Si los tribunales fiscales se ven afectados por la implementación de la reforma, es probable que aumenten los tiempos de resolución de los litigios fiscales, lo que podría afectar el flujo de caja de las empresas.
Adicionalmente, las empresas podrían enfrentar mayores costos operativos derivados de la necesidad de asesorarse mejor ante la complejidad de la nueva estructura judicial. Este nuevo panorama legal implicaría que las empresas, tanto grandes como pequeñas, destinen más recursos a la contratación de abogados especializados y a la capacitación interna de su personal para hacer frente a la reforma judicial.
Conclusiones
En conclusión, aunque en el discurso la reforma judicial supuestamente busca mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial mexicano, su implementación presenta importantes riesgos para la sociedad mexicana y en específico, para el sector empresarial y el ecosistema de emprendimiento.
La incertidumbre en la transición hacia las nuevas estructuras judiciales, la falta de consulta pública exhaustiva, y la posible sobrecarga en los tribunales desde ya, desalienta a los inversionistas y emprendedores, afectando negativamente el flujo de capital y la innovación en el país.
Recomendaciones
Ante la reforma judicial aprobaba, Zönum Legal te recomienda tomar en cuenta lo siguiente:
a. Diversificación de Inversiones
Ante la incertidumbre política y jurídica, diversificar las inversiones en diferentes sectores o mercados puede reducir el impacto de posibles cambios adversos en un solo sector. Es recomendable evaluar alternativas de inversión en mercados más estables, tanto dentro como fuera de México, para mitigar el riesgo de un entorno menos predecible.
b. Mayor Due Diligence Jurídico
Con esta reforma judicial, para los emprendedores e inversionistas, es crucial realizar una evaluación jurídica más rigurosa al momento de celebrar contratos, fusiones o adquisiciones. Asegurarse de que los contratos incluyan cláusulas que permitan arbitraje internacional o mecanismos de resolución de disputas que puedan ofrecer una mayor protección.
c. Arbitraje Internacional y Tribunales Privados
Ante el debilitamiento de la independencia judicial, utilizar mecanismos de resolución de conflictos alternativos como el arbitraje internacional o los tribunales privados podría ser una opción más segura. Las empresas que operan bajo tratados como el T-MEC deben estar especialmente atentas a proteger sus inversiones mediante estos mecanismos.
d. Evaluar Proyectos a Largo Plazo con Cautela
La incertidumbre jurídica puede generar inestabilidad en proyectos a largo plazo. Inversores y emprendedores deben analizar con mayor detenimiento los riesgos asociados a proyectos que dependan de permisos gubernamentales o resoluciones judiciales, sobre todo en sectores regulados como el energético o el tecnológico.
e. Protección de Propiedad Intelectual
En un entorno de mayor inestabilidad jurídica, proteger adecuadamente los activos intangibles de la empresa, como la propiedad intelectual, es vital. Esto puede incluir el registro de patentes y marcas en otros países, además de México, para tener mayor seguridad jurídica en caso de conflictos locales.
f. Monitoreo Constante del Entorno Político y Jurídico
La situación política y judicial en México está en constante cambio. Emprendedores e inversores deben estar atentos a las futuras reformas y su implementación para ajustar sus estrategias comerciales de manera ágil. Mantenerse informados a través de análisis de riesgo y asesoría legal constante será clave para tomar decisiones informadas.
Referencias
Banco Mundial. (2022). Doing Business 2022: Economy Profile Mexico. https://www.doingbusiness.org
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Estadísticas sobre la creación y mortalidad de empresas en México. https://www.inegi.org.mx
Secretaría de Economía. (2023). Impacto de la Reforma Judicial en los sectores empresariales. https://www.gob.mx
Mtro. Carlos A. Muñoz M.
Abogado | Socio Fundador
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